Con una calificación de 5,5 puntos sobre 10, Galicia ocupa el 12º puesto entre las 17 autonomías españolas.

El "Estudio de la Auditoría en el Sector Público en España" ha sido dirigido por los doctores José Manuel Vela, de la Universitat de València, y José Luis Zafra-Gómez, de la Universidad de Granada. Recoge los datos auditados en 2020, correspondientes a las cuentas públicas de 2018.

En el caso de la Comunidad de Galicia, el documento analiza la labor fiscalizadora del Consello de Contas de Galicia sobre la Conta Xeral, donde se incluyen la cuenta de la Xunta de Galicia y la de nueve organismos autónomos, dos entidades de consulta y asesoramiento, 17 agencias publicas, dos ́entidades publicas empresariales, 13 sociedades mercantiles autonómicas, 20 ́fundaciones publicas y siete consorcios. ́

El análisis constata que 28 entidades instrumentales públicas de Galicia (en concreto, siete sociedades mercantiles, 14 fundaciones y siete consorcios) no cumplieron con la obligación de rendición de cuentas en el ejercicio. ́ El 87% de las entidades dependientes de la Comunidad se someten a auditorías decumplimiento y solo el 54% a auditorías financieras o de imagen fiel, tal como indica la información proporcionada por la Cuenta General y el Informe de fiscalizacion realizado por el Consello de Contas. ́

El 46% de las entidades públicas gallegas y el 35% del gasto público total no se somete a auditorías de cuentas y únicamente realiza auditorías de legalidad. El informe revela que siete sociedades públicas dependientes de la Xunta, 14 fundaciones y siete consorcios ni siquiera cumplieron con su obligación de rendición de cuentas. Aunque las cuentas generales de la Xunta de Galicia sí presentan auditorías legales y contables, la mayoría de los organismos públicos no realizan auditoría de cuentas (entre ellos, el Sergas, el IGE, el Instituto Galego de Vivenda e Solo, o la EGAP).

“Galicia no presenta los peores datos de España en control externo de las cuentas públicas, pero tenemos un claro margen de mejora. Los auditores gallegos ya hemos demostrado que las empresas que se auditan gozan de mejor salud, y esto también es extrapolable a los organismos públicos. El trabajo de los auditores es fundamental para contribuir a mejorar el alcance de la auditoría en el sector público”, señala el presidente de ICJCE Galicia, Enrique González.