La estructura municipal de Galicia, con 202 municipios con menos de 5.000 habitantes, supone una dificultad permanente en recaudación impositiva necesaria a la prestación de servicios a sus ciudadanos. Por ello, el responsable de la nota del Observatorio Municipal Gallego, el profesor de la Universidad de Vigo y codirector de la Red Localis, Alberto Vaquero García, recomienda reformular el sistema de financiación de los ayuntamientos, lo que pasaría por un cambio importante en materia tributaria que depende del Estado. 

Mientras este cambio en el sistema de financiación de las entidades municipales no se produzca, Vaquero plantea otras opciones, como el fomento de las mancomunidades de municipios, la fusión municipal o la apuesta por otras figuras de colaboración intermunicipal, que claramente dependen de la voluntad autonómica y local que exista en Galicia. Todas esas actuaciones exigen que ambas administraciones prioricen la necesidad de modificar el mapa municipal. El no hacer nada puede traducirse en dejar de prestar servicios y/o ofertarlos sin la debida calidad a la ciudadanía.

El análisis de la planta municipal en Galicia pone en evidencia su elevada atomización- en especial en las provincias de Ourense y Lugo- donde el porcentaje de municipios con menos de 5.000 habitantes asciende al 89,1% y 82,1%, respectivamente. El 15,2% de la población gallega (409.655 habitantes) residen en este tipo de municipios, especialmente en la provincia de Ourense (114.365) y Lugo (112.177), el 37,6% y 34,6%, respectivamente, las más afectadas por este minifundismo local. Esta situación condiciona claramente la recaudación fiscal y perpetua la excesiva dependencia económica de otras administraciones públicas.

El menor tamaño de la planta municipal tampoco permite el aprovechamiento de las economías a escala en la prestación de servicios o en su producción, elementos que si están presente en los bienes y servicios públicos de los municipios con mayor población. Comparando los ingresos medios por tramo de población para 2022, un ayuntamiento con una población entre 5.000 y 10.000 habitantes gestionaría un presupuesto municipal 2,9 veces superior (7,1 millones) a un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes (2,5 millones).  

En los ayuntamientos menor tamaño (hasta 5.000 habitantes) existe una recaudación elevada en el campo de la imposición directa si se compara con prácticamente el resto de los tramos poblacionales. Lo mismo sucede con el capítulo relativo a la imposición directa. Además, hay que indicar que los municipios de hasta 5.000 habitantes son los que prestan menos servicios a la población, de ahí que el esfuerzo relativo en términos fiscales sea mayor para la ciudadanía que reside en los municipios con menos de 5.000 habitantes. Además, existe una excesiva dependencia de las transferencias corrientes en los municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que menoscaba su autonomía fiscal. Esto se hace especialmente patente si se compara la cifra del último año (712 euros por habitante frente a los 609 euros de media). Finalmente, el mayor importe de las transferencias de capital para los municipios con menor población pone en evidencia su fuerte dependencia para realizar infraestructuras (222 euros para el grupo de ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes frente a los 168 de media).