Estudio de ForoEsGal

5 de cada 100 empresas gallegas pertenecen a la economía social

La economía social contribuye a un crecimiento inclusivo y a la reducción de las desigualdades, presentando más estabilidad del empleo, niveles salariales superiores y menor dispersión salarial. Así se desprende del primer Estudio sobre el impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social gallega encargado por el Foro pola Economía Social Galega (ForoEsGal).
5 de cada 100 empresas gallegas pertenecen a la economía social
El presidente de ForoEsGal, las tres autoras del estudio, los representantes de Cajamar y CaixaRural y la conselleira de Emprego e Igualdade.
El presidente de ForoEsGal, las tres autoras del estudio, y la conselleira de Emprego e Igualdade entre los representantes de Cajamar y CaixaRural.

Las conclusiones de este estudio sobre la economía social en Galicia fueron presentadas este miércoles en Santiago por sus tres autoras: las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos, Belén Castro y Rosa Santero, y la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martínez.

El informe, que que ha contado con el apoyo de Cajamar, CaixaRural y la Consellería de Emprego e Igualdade, demuestra que la economía social tiene un peso significativo en el tejido empresarial gallego, ya que 5 de cada 100 empresas o entidades del sector privado pertenecen a ella. Por provincias, A Coruña lidera el ranking con el 43,9% de las entidades, seguida por Pontevedra, con un 35,5% adicional, alcanzando entre las dos el 80% de este tipo de organizaciones. Lugo representa el 11,2% de las entidades y Ourense, el 10,7%.

En ámbitos de actuación, la economía social gallega tiene una fuerte especialización en servicios sociales, donde el peso relativo de este sector en la economía social es 12 veces superior al que tiene en la economía mercantil. Y, aunque en menor medida, su implantación también es importante en sectores como Cultura y Ocio (6,5 veces superior), Educación (5 veces superior) y Sanidad (2 veces superior).

Las comunidades de montes son el tipo de entidad más numeroso (cerca del 40% del total), seguidas de las asociaciones y fundaciones (20,1%), de las cooperativas (18,0%) y de las sociedades agrarias de transformación (14,6%). Con todo, en términos de empleo, las asociaciones y fundaciones aglutinarían más de un tercio del total (35,5%), seguidas de las cooperativas (20,2%) y de las cofradías de pescadores (17,5%).

El estudio ahonda también en el hecho de que las empresas o entidades de la economía social gallega se comportan de forma diferente a las mercantiles, traduciéndose en una “contribución muy positiva para el conjunto de la sociedad gracias a sus efectos sobre la cohesión social, la cohesión territorial y la creación de empleo inclusivo”. En al ámbito laboral, cuentan con un menor porcentaje de trabajadores/as con jornada parcial (el 26,7% frente al 35,5% en las empresas mercantiles). Además, genera actividad, empleo y oferta de servicios clave en las zonas rurales porque este tipo de empresas se sitúan, mayoritariamente, en ayuntamientos menores de 40.000 habitantes.

Como colofón, constata que los beneficios totales netos (directos e indirectos) que los principios de la economía social gallega acercan a la sociedad se cifran en 851,2 millones de euros anuales, lo que equivale al 1,36% del PIB de Galicia del año 2018. De este importe total, el 43% está vinculado a la creación de oferta en dependencia y educación, el 24,4% a las mejores condiciones de empleo y el 21% a la creación de puestos de trabajo para colectivos con problemas de empleabilidad.

 

¿Y si las empresas de economía social perdieran sus principios?

Las tres autoras del informe sorprendieron con un inusual ejercicio al presentar un escenario hipotético en el que las empresas de economía social "perdieran sus principios" y pasaran a comportarse como mercantiles en aspectos como contratación, especialización o localización. Pues bien, según sus datos, esto es lo que sucedería: más de 6.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultades de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 4.578 serían trabajadores con discapacidad, casi 350 trabajadores en riesgo de exclusión social y 796 mayores de 55 años, 328 mujeres mayores de 45 años y 631 trabajadores de baja cualificación. Otros cerca de 5.000 trabajadores/as que disfrutaron de períodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo. Casi 40.000 trabajadores verían reducidos sus ingresos salariales. Más de 20.000 trabajadoras verían cómo se incrementaría su brecha salarial. Más de 100 trabajadores/as no se acogerían a excedencias para el cuidado de ascendientes o descendientes. Y finalmente, se perderían más de 2.700 empleos en las zonas rurales.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que pasaría si la economía social no apoyara unos principios y valores. Y, pese a que los beneficios de este sector no se pueden computar con unas frías cuentas anuales porque tan estrecho margen dejaría fuera a las personas y, sin ellas, a la sociedad, lo cierto es que, además, las cifras que genera este modelo económico respaldan su crecimiento sostenible.

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