Equidad para autónomos y pymes

Ayer nos despertábamos con la noticia de cómo Mercadona va a cambiar de nuevo su relación con sus proveedores. Del anterior modelo que lo llevó a estar en el lugar de preeminencia que ostenta, llamado interproveedores, pasará a trabajar con totalers, entre los que aumentará la competencia para conseguir el estándar de calidad y precios que le caracteriza. 

La inmensidad de la capacidad de negociación de Mercadona, por poner un caso que es extrapolable a todas las grandes superficies, es lo que determina las dificultades en las que está inmerso el pequeño comercio.

Esto es mucho más que simplemente la realidad competitiva del mercado: lo cierto es que los pequeños y medianos empresarios, constituidos en su gran mayoría por autónomos, son los que garantizan la empleabilidad de los que, habiendo quedado fuera del mercado laboral, han decidido iniciar un emprendimiento como profesionales o comerciantes.  

De los más de 19 millones de personas reportados como cotizantes a la Seguridad Social en el informe del Ministerio del Trabajo, en enero de este año, 3.254 mil son autónomos que a su vez cotizan por personas asalariadas bajo su responsabilidad. 

Ourense y sus pymes/autónomos

En las pequeñas ciudades la economía es básicamente el sector servicio que distribuye mercancías, vamos ¡lo normal en la mayor parte de las despobladas aldeas, pueblos y villas de la provincia de Ourense! Cabría preguntarse entonces ¿cómo hacer para competir con las grandes superficies y su enorme poder de negociación? 

Porque está claro: el grave problema de la despoblación en Ourense está vinculado a la falta de salidas laborales y posibilidades de desarrollo que existen. Es en este punto en el que se imponen medidas de equidad,  que brinde a los autónomos la capacidad de competir. 

Esas medidas tienen tanto que ver con políticas de fomento del pequeño comercio como con las condiciones mismas del régimen de autónomos, que permitan ejercer el autoempleo de una forma equitativa con las grandes superficies. 

La digitalización, las oportunidades de financiación y de fiscalidad justa deben llegar al pequeño comercio y pequeños productores, a través de políticas de divulgación e inclusión que pongan a su alcance herramientas que en mayor o menor medida están al alcance de todos. 

Las medidas dirigidas a los autónomos necesitan brindarles escalabilidad, es decir, la posibilidad de cumplir con la aportación a la caja chica del Estado tomando en consideración que están resolviendo con riesgo y valentía uno de los problemas que más nos preocupan: los índices de empleo. Y dicho empleo, que distribuye la riqueza entre más personas al tiempo que la genera a través del trabajo, debe estar garantizado a través de medidas que permitan la sostenibilidad de las pymes y autónomos.