De los proyectos DEPUTRANS y DEPOGAP

La Diputación de Pontevedra atribuye la pérdida de diez millones de euros de fondos europeos a la “mala gestión” de Louzán

La Diputación de Pontevedra tendrá que devolver 3,6 millones de euros del proyecto DEPUTRANS y no recibirá del Ministerio de Hacienda las ayudas de 6,1 millones del proyecto DEPOGAP por las “graves irregularidades” detectadas en una auditoría.

La Diputación de Pontevedra atribuye la pérdida de diez millones de euros de fondos europeos a la “mala gestión” de Louzán
El diputado pontevedrés Carlos López Font.
El diputado pontevedrés Carlos López Font.

El Gobierno provincial atribuye esta pérdida de casi diez millones de euros de fondos europeos a la “mala gestión” del anterior presidente, Rafael Louzán y su equipo de gobierno.

Segundo informó el diputado provincial Carlos López Font en rueda de prensa, el Gobierno central pide la devolución de 3.633.506 euros del proyecto DEPUTRANS y no va a abonar a la Diputación las ayudas europeas por valor de 6.155.980 euros del proyecto DEPOGAP que ya estaban gastadas y abonadas a los contratistas por parte de la institución provincial.

El proyecto DEPUTRANS, recordó el diputado provincial, se trataba de instalar un total de 35 depuradoras en ayuntamientos de la cuenca del Miño y se financiaba al 75% con fondos FEDER. En total, las autoridades de Hacienda consideran que el 89% del gasto del proyecto DEPUTRANS se tiene que descertificar , al ser irregular, y obliga a la devolución de 3,6 millones de euros.

El otro proyecto investigado, el DEPOGAP, trataba de mejorar los servicios públicos municipales con un modelo tecnológico de gestión de las instalaciones. En la resolución del Ministerio de Hacienda, recibida en la Diputación de Pontevedra el pasado día 12 de abril, se indica que se revoca la ayuda FEDER concedida la institución provincial para DEPOGAP y por lo tanto no se pagarán los 6,1 millones de euros concedidos en 2011.

Hacienda indica que “de los 8.794.257 euros a los que ascendía el presupuesto del proyecto, únicamente se justifican correctamente 1.527.982 euros”, es decir, el 17% de todo el proyecto. En concreto, el Ministerio destacó, entre las irregularidades detectadas, que existen contratos firmados el 9 de marzo de 2015, con un plazo de ejecución de seis meses, cuando el plazo de ejecución del proyecto finalizaba el 16 de marzo; defectos en las actas de recepción que no permiten acreditar la ejecución del contrato en plazo; o que las actas no permiten validar como subvencionables los gastos asociados a dos contratos.

Ante el “perjuicio grave” causado a la Diputación y a los pontevedreses, Carlos López Font, exigió al Partido Popular responsabilidades por su gestión al frente de la institución provincial. El diputado provincial fue más allá y pidió directamente a Rafael Louzán que “fue quien gestionó estos proyectos con estos resultados que dé explicaciones a ciudadanía y, sobre todo, que no puede seguir un minuto más percibiendo un sueldo de esta Diputación como asesor del Partido Popular”.

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