Así es que desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se solicita "el apoyo y compromiso del Gobierno de España para que Galicia sea partícipe de los proyectos estratégicos y tractores que con dichos fondos se desarrollen durante los próximos años y ello contribuya en favor de dicha industrialización y en especial de determinadas comarcas y sectores especialmente afectadas por la reconversión industrial de las últimas décadas".

Desde la CEG se trabaja intensamente a través del Diálogo Social en la configuración de los proyectos que desde Galicia se promuevan para su financiación por el Plan de Recuperación y Resiliencia, participando también en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos (FSE y FEDER) vigentes y en los que se incorporan los Fondos REACT EU, así como en el diseño de los Programas Operativos que articularán las medidas a desarrollar durante el período 2021-2027.

Pero la realidad es que a la organización empresarial gallega le preocupa que todavía no haya un marco normativo conocido sobre la manera en que se van a gestionar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es necesario aclarar el rol a desarrollar por cada una de las administraciones implicadas, los criterios de reparto y los mecanismos y procedimientos para concurrir por parte de las empresas con sus propuestas.

A este respecto, el presidente de la patronal gallega expuso que la entidad empresarial cuenta con una unidad especializada para ofrecer información a las empresas en materia de Fondos Next Generation y financiación europea proveniente del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Un marco que favorezca las inversiones

En otro orden de cosas, comité ejecutivo y junta directiva de la CEG abordaron también la necesidad de un marco que favorezca la inversión y el asentamiento de nuevas instalaciones industriales y que le permita ser competitiva. Por ello han puesto el foco en los factores que, a su juicio, condicionan de manera esencial las decisiones empresariales y la viabilidad de proyectos y que la organización empresarial gallega traslada "con vehemencia" a las administraciones públicas. Entre ellos el suelo empresarial y las infraestructuras, las tramitaciones administrativas, las relaciones laborales, las ayudas públicas y el marco fiscal.

En cuanto a infraestructuras y suelo empresarial, se señala que "a pesar de los esfuerzos desarrollados por el Gobierno autonómico, el empresariado gallego sigue percibiendo diferencias de precio decisivas respecto a otras áreas del entorno de la comunidad autónoma a la hora de acceder a suelo industrial y esta circunstancia debe solventarse."

Asimismo, la CEG considera que se debe seguir trabajando para que Galicia cuente con infraestructuras "que nos permitan mover mercancías en tiempos y costes competitivos. El ferrocarril y su conexión con puertos y áreas industriales es una condición para ello".

Los empresarios gallegos ven necesario que la tramitación administrativa y en particular la coordinación entre diferentes administraciones a la hora de adoptar decisiones sobre proyectos concretos para la puesta en marcha o ampliación de una empresa "cambie radicalmente".  La CEG considera que "no nos podemos permitir el tener proyectos aparcados a la espera de autorizaciones o permisos durante meses y a veces años. Necesitamos unidad de acción y una gestión centralizada y cercana al empresario que le facilite la tramitación y la solucione con rapidez, como ya hacen otros países vecinos".

Por lo que respecta al marco de las relaciones laborales, desde la CEG demandan que responda a las necesidades de los trabajadores pero también a las de las empresas. "Es imprescindible un marco lo suficientemente flexible que dinamice el mercado laboral y permita a la empresa responder a las necesidades del mismo. De lo contrario, la empresa se verá obligada a limitar su contratación. Es preciso cambiar el enfoque y por lo tanto tener en cuenta las necesidades de ambas partes".

Además, resulta imprescindible que las normas que regulen la gestión de los fondos europeos y demás recursos a disposición de la financiación de proyectos empresariales tengan en cuenta "la necesidad de clarificar el rol de cada administración, con la mayor coordinación posible; reducir los tiempos de tramitación y resolución o establecer marcos flexibles y abiertos, que permitan el encaje de los proyectos que sean viables y tengan calidad suficiente por parte de las empresas, evitando dejar fuera proyectos excelentes; aprovechar las posibilidades que ofrece la normativa comunitaria para que las ayudas sean atractivas en términos de cofinanciación, gastos elegibles, sistemas de justificación o de requisitos y obligaciones exigibles".

Finalmente, la CEG insiste en que se necesita un marco fiscal "que favorezca la inversión y la actividad empresarial".