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03:23h. Domingo, 18 de Noviembre de 2018

Declaración institucional de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León

Galicia y otras cinco comunidades reclaman una financiación acorde al coste real de los servicios públicos

Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón han suscrito una declaración institucional en la que recogen una serie de reivindicaciones compartidas ante el Gobierno de España y la Unión Europea.

Emiliano García-Page, Javier Fernández, Javier Lambán, Alberto Núñez Feijóo, José Ignacio Ceniceros y Juan Vicente Herrera, en Zaragoza. /L.CORREAS
Emiliano García-Page, Javier Fernández, Javier Lambán, Alberto Núñez Feijóo, José Ignacio Ceniceros y Juan Vicente Herrera, en Zaragoza. /L.CORREAS

Los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo; Principado de Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se han reunido este lunes en Zaaragoza para dar un nuevo impulso al frente común que formaron a principios de este año para reclamar, entre otras cosas, una financiación autonómica acorde al coste real de los servicios públicos.

El anfitrión del encuentro, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha explicado el contenido del acuerdo alcanzado y que gira en torno a dos reclamaciones fundamentales: la estrategia contra la despoblación y la reforma del sistema de financiación autonómica, con carácter prioritario, para poder acometer con justicia la prestación de los servicios públicos que prestan. Con ello, se busca  garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes porque, según ha asegurado Lambán son dos caras de la misma moneda para la España vacía, la que corre el riesgo de desaparecer.

Los Gobiernos de las Comunidades de Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han suscrito un documento en el que de defienden que la negociación del modelo de financiación sea fruto de un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, que las 17 comunidades decidan sobre el destino de los 47 millones de españoles. De esta forma, rechazan contundentemente los tradicionales acuerdos bilaterales que favorecen a comunidades como País Vasco o Cataluña.

Además exigen que dicha financiación sea acorde al coste real de los servicios. Y además, que tenga en cuenta variables como la dispersión, la orografía y otros tantos que, como ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, explica por qué en un lugar poblado como Fuenlabrada hacen falta cinco centros de salud y con la misma población que vive en la provincia de Cuenca, hacen falta 50 centros. Por ello, siguen reclamando criterios ponderados de distancia y de oportunidades para el reparto de fondos que garanticen los mismos derechos de los ciudadanos, allá donde vivan.

"La España constitucional"

Ante todo, han insistido en el carácter positivo de estas reuniones que cada vez integra a más participantes, ya que empezó en Oviedo con tres comunidades, que se ampliaron a cuatro en León y ahora seis, en Zaragoza. Entre ellas hay comunidades gobernadas por el PP (como Galicia, La Rioja o Castilla y León), y otras gobernadas por el PSOE (como Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha).  Se presentan como la expresión de la España constitucional, la que fomenta la cooperación entre comunidades para hacer país y al mismo tiempo, una ayuda al Gobierno de España en “la resistencia de las presiones de otros que, en caso de prosperar, además de quebrantar la necesaria cohesión de España, aumentan las brechas entre territorios y producen injusticias cada vez más irreversibles. Lejos de plantear problemas al gobierno de turno, ayuda al gobierno de España a hacerlos con criterios de justicia y cohesión”, ha subrayado Javier Lambán, palabras que han sido secundadas por todos los presidentes en sus respectivas intervenciones.

Lambán ha recordado “letanías” de los nacionalistas periféricos que amparándose en supuestos perjuicios del Estado centralista, eran sin embargo los más beneficiados por las políticas desde principios del siglo XVIII, postergando a otros. Así, ha defendido que la puesta en marcha del Estado autonómico ha sentado muy bien, precisamente, al resto de comunidades, sobre todo a estas que representan el 52% de la superficie de España pero que acoge tan solo al 21% de la población el país. “Somos la España vacía, y un país que se vacía, deja de existir, abocado a la desaparición”. Por eso se han puesto a trabajar conjuntamente en estos problemas que las acucian.

Liquidación del IVA

Para hacer frente a un mejor reparto de la financiación, una de las reclamaciones de los seis presidentes que figura en la declaración institucional  pasa por exigir la asunción total por parte del Gobierno central de la liquidación completa del IVA de 2017, después de que el anterior ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto. El presidente de La Rioja ha afirmado que este impuesto supone el 80% de los ingresos ordinarios de las comunidades reunidas y por ello es vital su aportación. Cenicero también ha insistido en otros aspectos de la financiación, como la potenciación de mecanismos de solidaridad.

Con vistas al debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo posterior a 2020, plantean la necesidad de alinear lo mejor posible la financiación disponible y las prioridades políticas, lo que pasa por una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y Fondos de la Unión y en los que, junto con la PAC entre otras, la Política de Cohesión juega un papel fundamental, para creación de empleo, promoción de la actividad económica, fomento de la l+D+i, acceso a infraestructuras, particularmente de TIC o dotación de servicios básicos del Estado de Bienestar, etc.

En definitiva, ponen deberes al Gobierno de España con la presentación de la Estrategia nacional contra la despoblación, y su lucha ante la UE para que no prime únicamente criterios de reparto per cápita, sino que incluya otros baremos. Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha ironizado con el hecho de que Europa, el continente más envejecido del mundo, al que España ha transferido parte de sus competencias, no defienda precisamente la forma de abordar un problema mundial.

Una celebración exitosa

La celebración de esta reunión ha sido calificada por todos ellos como “un éxito de España y de la Constitución, con la que “pretendemos servir al interés general de los ciudadanos de nuestros respectivos territorios y como presidentes autonómicos, y por ello, también queremos hacer honor como los máximos representantes ordinarios de Estado en nuestros territorios”, argumentó Lambán.