Sesión sobre la obligatoriedad del control de horarios en Diálogos 2020

Expertos abogan por un cambio legislativo sobre el control de los horarios de los trabajadores

La Cátedra Fundación Inade-UDC organizó una sesión de Diálogos 2020 en Vigo sobre la obligatoriedad del control de horarios de los trabajadores en la que participaron Germán Serrano Espinosa, magistrado decano de los Juzgados de Vigo, José María Casas de Ron, jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Pontevedra.

Expertos abogan por un cambio legislativo sobre el control de los horarios de los trabajadores
El inspector José María Casas, durante su exposición en Diálogos 2020./C.PRIETO.
El inspector José María Casas, durante su exposición en Diálogos 2020./C.PRIETO.

El jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, José María Casas, tranquilizó a los asistentes sentenciando que “en materia de contratos y control de horarios lo normal es llegar a acuerdos, no sancionar". Asimismo, los ponentes coincidieron en señalar que el control de horarios en la mejor forma para evitar problemas a y mejorar la eficiencia de las empresas, pero que hace falta sensibilizar al legislador.

Durante su repaso a la legislación sobre control de horarios, José María Casas indicó que “en el programa Informa realizado en 2015-2016 se preguntó a los inspectores y subinspectores de trabajo de toda España sobre los diez problemas que tenía la sociedad laboral española y en todas las provincias se nombraron en el mismo orden dos principales cuestiones: la irregularidad o fraude en el tiempo de trabajo y el fraude en la contratación”. “Más del 80% de la contratación parcial es irregular”, añadió con el apoyo de Germán Casas que también incidió en que “la contratación parcial en nuestro país genera normalmente fraude”.

Según José María Casas, la Instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias, establecía el registro obligatorio de la jornada diaria (tanto la completa como la parcial) independientemente de las horas extraordinarias de cada trabajador y no aceptaba como prueba el horario general ni el cuadrante de horarios. Su no llevanza supondría una infracción calificada como grave, con multas que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros.

Por su parte, el magistrado decano de los Juzgados de Vigo, Germán Serrano, habló del control de horarios bajo tres premisas "flexibilidad, libertad y prueba" e insistía en que “hay sectores en los que las horas extra están generalizadas y el juez puede partir de una presunción, como en el caso de la construcción en la que se entiende que se trabajan 10 horas diarias”.

Para Germán Serrano “las sentencias de Bankia y Abanca [que sientan jurisprudencia dictaminando que no es obligatorio con carácter general en las empresas respecto de los trabajadores a jornada completa y que su no llevanza no constituye infracción administrativa] podrían indicar que se acercan cambios legislativos sobre el control de horarios ya que se necesita seguridad jurídica al respecto”. Pese a ello, el magistrado afirmó que “el control de horarios es la mejor forma para que los empresarios se eviten problemas, pero que es necesario un cambio legislativo que establezca las reglas que todos necesitamos”. Además, señaló que "el control de horas es esencial. Los límites están en el Estatuto y las Directivas europeas y al final puede que esto llegue a Estrasburgo".

José María Casas informó a los asistentes de que la nueva Instrucción de la Dirección General de Trabajo dictada tras estas dos sentencias, establece que se deben registrar sólo las horas extraordinarias, excepto en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, de los trabajadores móviles en el transporte terrestre, marina mercante y trabajadores ferroviarios, para los que sí que es obligatorio llevar un registro diario de la jornada. Por lo tanto, asumió que “no hay obligación, no se puede imponer a la empresa el control de horarios por parte del os tribunales porque es una cuestión del legislador”.

Implantación del control de horarios

Para llevar a cabo ese control de horarios, José María Casas propuso que debe hacerse “con voluntad y flexibilidad, utilizando mecanismos como las buenas prácticas y la negociación colectiva, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre unos sectores y otros”. El ponente incidió en que “tiene que haber un control para que las empresas sean eficientes porque el tiempo es un factor fundamental para la misma”.

En el turno de preguntas, Casas afirmó que “no creo que sean finalmente sancionadas las empresas con expedientes sancionadores abiertos a este respecto que se encuentren en proceso de alegaciones, pero si el expediente es firme, no se podría ir para atrás”. Igualmente, el jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra indicó que “entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de octubre de 2016 se transformaron 2.000 contratos de trabajo en 400 empresas sin imponer sanciones”. "Somos la cuarta provincia de España que mejor transforma los contratos irregulares en regulares", subrayó.

Por otro lado, uno de los asistentes hizo referencia a que la implantación del control de horarios podría fracturar el buen clima laboral de las empresas, a lo que Casas respondió que “los códigos de buenas prácticas y la negociación colectiva ofrecen posibles soluciones para articular el control de horarios sin sacrificar el buen ambiente del trabajo”. Por su parte, Germán Serrano manifestó que “es importante tener en cuenta la fórmula que utiliza la empresa o el sector para cómputo de horas trabajadas (si es mensual, semanal o anual) para evitar demandas, ya que ésta debe estar claramente establecida en el convenio colectivo”. En este sentido, uno de los asistentes al debate, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, reflexionó sobre estas cuestiones afirmando que “la flexibilidad y la negociación entre las partes son importantes” pero destacó que “desde una sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2015 ya se empezó a sancionar a empresas, por lo que las pymes no tuvimos tiempo de hablar con los trabajadores o negociar convenios. No hemos tenido tiempo de reacción y esto ha fracturado el clima social de nuestras empresas”.

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