Agromuralla ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, "que desde que se ha cesado la declaración de estado de alarma, distintas industrias lácteas que operan dentro del territorio de Galicia, vienen actuando ilícitamente".

"Desde que el pasado 14 de marzo del presente año fue decretado el estado de alarma para gestionar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, las industrias lácteas, concretamente las que operan en el territorio de Galicia, se han visto beneficiadas por una flexibilización de la normativa a cumplir, en cuanto a los contratos de compra de leche cruda de vaca en origen se refiere", expone en el escrito de denuncia Roberto López, presidente de Agromuralla.

A consecuencia de dicha flexibilización, teniendo en cuenta que el sector primario ha sido considerado en todo momento durante el estado de alarma como actividad esencial, muchos contratos que tenían que haber sido renovados durante el estado de alarma, han visto prorrogada su vigencia para, una vez establecida la llamada “nueva normalidad”, suscribir nuevos contratos que empeoran las condiciones previas, denuncian los ganaderos. 

"Aparte de que la situación por parte de las industrias lácteas puede ser constitutiva de un ilícito penal, están infringiendo varios conceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria al aprovechar la situación generada por la situación de alerta sanitaria para presionar a los productores para que firmen contratos con reducción del precio pactado", indican. 

Contratos impuestos, no negociados

"Las industrias mantienen una postura impositiva y, lejos de negociar las condiciones de los contratos con los productores, imponen su voluntad y criterio, como si de un contrato de adhesión se tratase, dejando al productor sin capacidad de maniobra", denuncia Roberto López, quien asegura que "en la práctica los contratos no son negociados, sino impuestos y el productor corre el riesgo, si no acepta, de que la industria en cuestión no le recoja más leche". 

Agromuralla asegura que este tipo de prácticas por parte de las industrias "se vienen manteniendo en los últimos veinte años o más" y aprecia síntomas claros de acuerdo entre las empresas, ya que "los criterios de negociación de los contratos no difieren de unas industrias a otras". 

Ofertas sin dos meses de antelación

"Estas prácticas infringen varios preceptos del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el cual se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo", asegura Agromuralla en su denuncia, admitida a trámite por la AICA. Entre otras cuestiones, Agromuralla indica que "se infringe la obligatoriedad de hacer la oferta del nuevo contrato con dos meses de antelación", exponiendo los casos de Lactalis, Reny Picot, Inleit o Danone, "cuya práctica habitual es poner los contratos a la firma sin esa antelación de dos meses, coaccionando a los productores para que firmen de inmediato".  

Modificación en los precios firmados

Además, denuncia Roberto López, "en algunos casos las modificaciones de los contratos que se ponen a la firma del productor contradicen el contrato en vigor, al pretender introducir un cambio en el precio establecido a través de un anexo al contrato cuando no puede realizarse un cambio de este tipo a través de dicho instrumento", considera. 

A mayores, de acuerdo con la modificación acometida el pasado mes de febrero en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, los contratos alimentarios habrán de indicar expresamente que el precio pactado entre el productor y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Sin embargo, según Agromuralla, "en la práctica la cláusula que se hace constar en los contratos está siendo utilizada por las industrias lácteas para acometer un cambio de contrato y presionar los precios a la baja".

Represalias por parte de las industrias

La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla, con presencia en las provincias de Lugo y A Coruña, considera que "el hecho de no existir un índice referencial público, validado y admitido por los operadores para tomar de referente a la hora de determinar si los precios establecidos en los contratos cubre o no los costes de producción deja al productor en una clara situación de indefensión". 

Además, denuncia Agromuralla ante el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, "se están dando casos de amenazas y represalias por parte de algunas industrias, como Leche Río, Inleit o Lactalis, contra algunos ganaderos que se niegan a firmar los contratos en las condiciones que la industria impone". 

Agromuralla sospecha que las industrias, que son las encargadas de la toma de muestras para el posterior pago por calidades, no las conservan en condiciones idóneas antes de su llegada al laboratorio para "responsabilizar a los productores de la pérdida de calidades de la leche". 

Garantía de anonimato

Ante estos hechos, Agromuralla, en su escrito, solicita a la AICA que "se dé orden inmediata a las industrias lácteas para que cesen en las prácticas abusivas que vienen ejerciendo" y "se incoen los correspondientes expedientes sancionadores".

Para que la agencia pública pueda llevar a cabo las acciones de investigación y comprobación necesarias se incluye una serie de documentación, como copias de los anexos y las cláusulas abusivas introducidas en los contratos por varias de las empresas o cartas amenazantes enviadas a los ganaderos que se negaban a firmar, ofreciendo también la toma de declaración a ganaderos víctimas de estas prácticas ilícitas, aunque preservando su anonimato para evitar posibles represalias por parte de las industrias que les recogen la leche.