Los consejeros rechazaron una reclamación de la constructora del túnel de la Marina

La Autoridad Portuaria analiza la viabilidad de vender La Solana al Concello de A Coruña

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha celebrado una reunión ordinaria en la que se abordó la venta del Hotel Finisterre y del complejo deportivo La Solana, así como otros asuntos como la concesión de 9.000 metros cuadrados a Pérez Torres Marítima para ampliar sus instalaciones en el Puerto Exterior de Punta Langosteira y una reclamación administrativa presentada por la empresa que construyó el túnel de la Marina.

La Autoridad Portuaria analiza la viabilidad de vender La Solana al Concello de A Coruña

En lo relativo al Hotel Finisterre y La Solana, el Consejo decidió trasladar a una próxima sesión este punto del orden del día, porque el representante del Ayuntamiento de A Coruña planteó durante el Consejo una propuesta consistente en segregar ambos bienes. El Gobierno local propuso adquirir a la Autoridad Portuaria el complejo deportivo por su valor de tasación (1,3 millones de euros), y que la Autoridad Portuaria vendiese en subasta pública el hotel, cuyo precio de tasación se acerca 5 millones de euros, si bien es muy previsible que este importe se vea incrementado en la subasta.

El presidente de la Autoridad Portuaria y el resto de los consejeros valoraron positivamente esta propuesta municipal, aunque pueda suponer una merma en los ingresos que reportaría una subasta al alza, y ahora se analizará su viabilidad y será sometida a la próxima reunión del Consejo de Administración. Para analizar su viabilidad, han de tenerse en cuenta las restricciones legales relativas a los derechos que tiene el actual arrendatario de ambos bienes, así como el hecho de que las instalaciones deportivas actúen, en su caso, como un complemento necesario del hotel, con sus implicaciones económicas y turísticas, entre otras.

En la actualidad, el hotel y el complejo deportivo están arrendados a la sociedad Finisterre S.A.U., que tiene derecho a su explotación hasta el 15 de diciembre de 2027, a cambio de una renta anual de 97.766 euros. Por ello, en una subasta pública ordinaria, esta sociedad tendría un derecho de adjudicación preferente de ambos bienes, igualando la cantidad correspondiente a la oferta más alta, una cuestión que debe analizarse jurídicamente antes de abordar la segregación de los mismos y la adjudicación directa a la Administración municipal.

Por otra parte, la entidad que resulte adjudicataria, independientemente de si se trata de una Administración pública o una entidad privada, habrá de respetar los derechos que tiene Finisterre S.A.U. hasta la citada fecha, por lo que tanto el hotel como La Solana no estarán libres de esta carga hasta 2027.

El Hotel Finisterre y La Solana son bienes patrimoniales de la Autoridad Portuaria, y su explotación no se corresponde con los fines para los que están concebidas las autoridades portuarias. Su venta está prevista desde hace años en los planes de empresa de la Autoridad Portuaria; y cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y del ente público Puertos del Estado.

La venta se enmarca en las acciones contempladas para enajenar los activos que no resultan necesarios para la actividad portuaria, con el fin de aminorar la deuda contraída por la construcción del Puerto Exterior.

Puerto Exterior

Los consejeros, por otra parte, aprobaron el otorgamiento a Pérez Torres Marítima de una concesión de una parcela de 9.000 metros cuadrados en el Puerto Exterior, para la gestión de graneles sólidos y mercancía general. Esta empresa amplía así sus instalaciones en  Langosteira, al igual que otros operadores como TMGA, Galigrain y Hormigones Carral, lo que está propiciando un importante crecimiento en los tráficos de la nueva dársena.      

Túnel de la Marina

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria resolvió por unanimidad desestimar la reclamación administrativa presentada por la UTE Túnel de la Marina (en la que es mayoritaria Copasa), que solicitaba 9 millones de euros adicionales al presupuesto aprobado para la construcción del vial subterráneo, alegando diferentes cuestiones referidas a la ejecución de la obra. Los consejeros ratificaron el informe técnico de la Autoridad Portuaria, que está corroborado por la Abogacía del Estado, en el que se rechaza este incremento del coste.

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