Según los términos del preacuerdo firmado entre Capital Energy y Alcoa, la compañía energética se comprometería con Alcoa al suministro anual, a una tarifa estable previamente establecida y durante un periodo inicial de 10 años, de 876.000 megavatios hora (MWh) al año, equivalentes a una potencia en carga base de 100 MW, la cuarta parte del consumo eléctrico asociado a la producción de aluminio en San Cibrao.

Capital Energy asumiría este compromiso gracias a la entrada en funcionamiento de un total de 11 instalaciones eólicas que está desarrollando en la actualidad en Galicia y que suman una capacidad instalada de 573 MW. Todos estos proyectos, que ya disponen del permiso de acceso a la red concedido, han sido admitidos a trámite, y cinco de ellos, que suponen más de la mitad de dicha potencia (295 MW), ya han salido a información pública.

Para Juan José Sánchez, CEO de Capital Energy, “a través de este principio de acuerdo para el suministro de energía renovable a un cliente tan relevante para el tejido industrial gallego como Alcoa, ratificamos nuestro compromiso no solo con la transición energética sino también con el bienestar medioambiental y socioeconómico de Galicia, comunidad a la que nos sentimos muy ligados y en la que ya hemos invertido, solo en las actividades relacionadas con la tramitación de nuestros parques, 14,9 millones de euros”.

Parques eólicos en tramitación

La empresa tramita por vía regional alrededor de 39 parques eólicos en Galicia, distribuidos en las cuatro provincias y que suman una potencia conjunta que supera los 1.000 MW. Su desarrollo implicaría una inversión global de alrededor de 1.200 millones de euros y permitiría a Capital Energy generar un importante efecto tractor. Según sus estimaciones, la construcción de toda esta capacidad renovable supondría la creación de casi 4.500 puestos de trabajo en entornos rurales, una contribución al PIB cercana a los 350 millones de euros y un impacto fiscal de más de 30 millones de euros.

En la fase de operación y mantenimiento, la compañía daría empleo permanente y de calidad a unos 170 profesionales gallegos. Sus instalaciones aportarían al PIB más de 12,5 millones de euros al año y generarían un impacto fiscal anual en las arcas locales superior a los 3,7 millones de euros.