El Real Decreto-Ley 11/2020 recoge la posibilidad de dedicar los ingresos derivados de la cotización por formación profesional que aportan empresas y trabajadores a otras acciones del sistema de protección por desempleo. Y así lo ha decidido el Gobierno, que ha transmitido su decisión a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada este miércoles por videoconferencia.

Según el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, la decisión del Gobierno de no asignar ningún tipo de fondo para políticas activas de empleo vinculadas a la formación privará a Galicia de acceder este año a cerca de 100 millones de euros que le corresponderían para este fin.

“Es una situación sobrevenida que no entendemos y que va a suponer una pérdida de oportunidades”, aseguró el conselleiro. “Supone intentar limitar las competencias de la comunidad autónoma, atacar el principio de suficiencia financiera y, por lo tanto, es una decisión que rompe cualquier tipo de diálogo y de consenso en un contexto en el cual lo que necesitan los ciudadanos es, precisamente, una respuesta conjunta de las administraciones”, enfatizó Conde.

De acuerdo a lo previsto, a Galicia se le van a atribuir 81 millones de euros correspondientes a las partidas de empleo y modernización, pero no los fondos para formación. Estos fondos alcanzarían cerca de los 100 millones de euros este año si en el reparto final se aplicara un incremento porcentual similar a 2019. No obstante, el Gobierno decidió no incluirlos en el reparto.

En palabras de Conde, esta decisión implica que los trabajadores y las empresas no podrán acceder a diferentes instrumentos como formación en la Industria 4.0, en la automoción, en el naval, formación en las empresas, talleres o programas integrados de empleo, entre otras iniciativas. “El Gobierno rompe las oportunidades para que Galicia y su tejido productivo puedan salir de esta situación en mejores condiciones desde el punto de vista económico y, también, desde el punto de vista social”, lamentó Conde, para remarcar que “la mejor política social que podemos desarrollar es una política de empleo, y denegando a Galicia 100 millones de euros se le están denegando oportunidades a los trabajadores y a las empresas, provocando una situación preocupante hacia el futuro”.

Posición de la patronal gallega

Una posición similar comparte la patronal gallega. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) lamenta la pérdida de hasta 100 millones de euros para fondos de políticas activas, un capital  que "resulta imprescindible para la reactivación de la economía y para fomentar la empleabilidad de las personas trabajadoras máxime en un momento de depresión económica y social como al que ya estamos asistiendo" señala en un comunicado.

La patronal entiende que la implementación de las medidas de lucha contra el coronavirus está requiriendo "un inmenso esfuerzo presupuestario" para el Estado y "está fuera de toda duda que la cobertura de las prestaciones y subsidios de protección por desempleo debe ocupar una de las máximas prioridades del Gobierno". Ahora bien, esta situación no debe afectar a medidas "que con toda seguridad serán más necesarias que nunca para reactivar nuestra economía".  Para la CEG, "la caída esperada del PIB, la destrucción de tejido empresarial y las altas cifras de personas desempleadas son el escenario postvirus que nos espera, y sobre el cual debemos trabajar para atenuar sus efectos sobre la población gallega, los fondos para el empleo y para la formación son, si cabe, más necesarios que nunca".

Conferencia sectorial

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presidido la LXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que se ha acordado distribuir a las comunidades autónomas 1.048 millones de euros para políticas activas de empleo, una medida que apoyan la mayor parte de las Comunidades, según la votación realizada.  El reparto queda condicionado a una valoración final de cómo se cerrará el ejercicio, y el Ministerio estará en disposición de celebrar una nueva conferencia sectorial.

La novedad en esta distribución territorial de los fondos es la flexibilidad de los mismos. Dada la excepcionalidad de la pandemia, se acordó que estos recursos tengan una enorme flexibilidad, atendiendo cada consejero y consejera a su realidad territorial. "De esta forma tendrán más margen de disponibilidad para decidir en qué dirección utilizan los recursos públicos en esta situación excepcional", señalaba la ministra al término de la conferencia.