Según Lorenzana, es una cuantía insuficiente para Galicia. La conselleira lamentó que el Gobierno central no fuese capaz de consensuar con las comunidades los criterios de reparto. Entre otras cuestiones, se lamentó de que no se tuviesen en cuenta criterios como la estructura poblacional de Galicia con un gran número de ayuntamientos por debajo de los 5.000 habitantes.

Lorenzana recordó que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Estas decisiones, destacó, son muy relevantes de cara a la recuperación económica y la mejora de las oportunidades laborales de las personas trabajadoras.

La conselleira criticó que el Estado pretenda que la formación profesional para el empleo desaparezca y quede absorbida por el sistema educativo, poniendo en peligro que trabajadores y empresas dispongan de una formación ágil y adaptada sus necesidades.

La conselleira incidió además en el retraso de la transferencia del dinero, ya que la distribución tendrá lugar en el mes de diciembre, cuando son fondos que se tienen que ejecutar entre 2021 y 2023.

Para finalizar, agradeció la flexibilidad que el Ministerio de Educación y Formación Profesional dejó a las comunidades para hacer uso de los fondos, en contra de la actitud mostrada por los responsables de la cartera de Trabajo y la de Igualdad que están “marcando” cada vez más los programas y los proyectos.