Diego Vázquez, presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Joel García, de la Confederación Asturiana de la Construcción, y Enrique Pascual, por parte de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, han manifestado tras el encuentro, "la enorme preocupación de todas las empresas del sector y, por supuestos, de todos los trabajadores que las integran, por el alcance de las medidas adoptadas en los últimos días, las cuales son especialmente virulentas y perjudiciales para nosotros, de forma que, de no contrarrestarlas con otras medidas de apoyo al sector, la consecuencia inevitable va a ser la del cierre de la mayor parte de las pymes, y además de forma inmediata".

Por ello han consensuado un decálogo de medidas que proponen tomar al Gobierno, entre las que destaca la puesta en marcha de un plan que garantice el mantenimiento del empleo mientras dure el estado de alarma y la paralización de la actividad. También la aprobación de las medidas legislativas necesarias para promover el anuncio de nuevas licitaciones públicas "y que todo el procedimiento de licitación y adjudicación se tramite como procedimiento de urgencia de forma que se acorten sustancialmente los plazos". Las patronales sostienen que "si no se licita obra nueva en estos momentos, nos encontraremos con un valle de actividad en el segundo semestre del año, inasumible para la generalidad de las empresas, y que provocará el cierre de la mayor parte de ellas". 

Reclaman también el desbloqueo de los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas en los ayuntamientos y que estos destinen un porcentaje del superávit acumulado a inversión y, en concreto, "a la financiación de la ejecución de infraestructuras y obras públicas, y que lo haga no solo porque las mismas son necesarias, sino también para que el impacto de esta crisis sanitaria en la economía y el empleo sea el menor posible".

Las patronales de la construcción piden asimismo que se agilicen las certificaciones y pagos a contratistas y proveedores, y que se considere la pandemia de covid-19 como causa de fuerza mayor a la hora de autorizar los ERTEs presentados por las constructoras.

La implementación de estas medidas resulta de "vital importancia" para evitar el colapso de un sector que en Galicia, Asturias y Castilla y León cuenta con cerca de 20.000 empresas y da empleo a 172.000 trabajadores, incluyendo autónomos.