Estamos sufriendo una situación que nadie podía imaginar más allá de algunas películas de ciencia ficción. Y en primer lugar querría destacar el comportamiento colectivo, fundamentalmente solidario y comprometido de la inmensa mayoría de la población, pero sin olvidar auténticas irresponsabilidades que superan las 300.000 denuncias por saltarse el confinamiento, muchas a las puertas de los fines de semana, con el agravante en estos casos de tratarse de familias tratando de irse a segundas residencias. ¿Pero qué ejemplo le están dando a sus hijos, que son la generación que ha de pilotar el futuro de este país?

Ya tenemos la estructura básica del nuevo Gobierno y, a pesar de ser uno de los más numerosos de la democracia, sin embargo otra vez han vuelto a olvidarse de uno de los pilares básicos del estado del bienestar como es nuestra Administración Local. Aunque es verdad que nunca ha tenido un tratamiento preferente en cuanto a su encaje gubernamental, también es cierto que desde el Gobierno Zapatero desapareció el único departamento de referencia, como era la Dirección General de Administración Local, para acabar difuminada en otras Direcciones Generales. Compartiendo,además, mesa y despacho con las Comunidades Autónomas, que finalmente son las que absorben absolutamente la práctica totalidad no sólo de recursos sino de atención de los responsables de estos organismos.

El 4 de octubre la España vaciada volvió a salir a la calle a reclamar su visibilidad y con ello su derecho a tener las mismas oportunidades que la España más poblada. Y tiene toda la razón y cuenta con mi más absoluta solidaridad y apoyo. Ahora bien, esto no llega. Si quieren conseguir algo tienen que dar un paso adelante, valiente y decidido.

El 31 de marzo las calles de Madrid acogieron un clamor por la visibilidad de la “España vaciada”. Junto a ellos, como era previsible, aparecieron los representantes de los partidos políticos buscando cámaras y micrófonos para anunciar medidas que nunca se pondrán en práctica y actuaciones que caerán en el olvido después del 26 de mayo, últimas elecciones de las de esta serie.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero,ha hecho unas declaraciones calificando la propuesta de fusión de Ayuntamientos como una “ocurrencia” del expresidente Rajoy y del exministro Montoro, obviando a todos los que llevamos años en esa senda y ninguneando los trabajos realizados al respecto, elaborados con absoluta independencia e imparcialidad de cualquier Gobierno.

El Gobierno acaba de aprobar el techo de gasto, incrementándolo en 5.230 millones para 2019 con respecto a 2018.

En los últimos días el presidente de la FEGAMP ha hecho unas declaraciones en torno a las fusiones de Ayuntamientos en las que llegó incluso a decir que en las habidas en Galicia “hay trampa” porque la Xunta les ha entregado una serie de fondos importantísimos.

Con motivo de la Oferta Pública de Empleo de 2015 ya escribí un artículo similar a este y tristemente con la de 2017 tengo que volver a hacerlo, referido a la cobertura de plazas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional.

El Consejo de Ministros acaba de crear el “Grupo de Trabajo para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”, que tendrá como cometido el análisis y estudio de las posibles medidas susceptibles de ser incorporadas a una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Y ojalá me equivoque pero un grupo que incluye el continente en su contenido parece tener un objetivo bastante indefinido.

Una vez nombrado el Gobierno gallego llega el momento de afrontar los grandes retos que tiene Galicia, y entre ellos, de forma inaplazable, la fusión de Ayuntamientos.

Hace unos días que desde Red Localis presentamos nuestro estudio sobre el redimensionamiento de la planta local gallega cuyos titulares en prensa se referían a la propuesta de reducir a la mitad los Ayuntamientos de Galicia mediante fusiones, lo cual, aunque llamativo, no es más que una conclusión de un estudio profundo y riguroso, pero que provocó que algunos salieran a criticarlo, e incluso a descalificarlo, sin leer no sólo el trabajo sino ni tan siquiera el texto de los artículos periodísticos, que también recogían el fondo del asunto. Por lo que, como principal autor del mismo, y en primera persona, quisiera puntualizar algunas cosas.

Llega el otoño y con la caída de la hoja viene también la caída del papel en la Administración con la entrada en vigor de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que introduce la adaptación de su forma de actuación al contexto histórico y la realidad social actual, transformando en digital dicho procedimiento.

Con la presentación del déficit público se ha desatado una guerra entre el Gobierno y las CC.AA., cuando no es la primera vez que se incumple el objetivo pero si la primera que se intenta poner remedio, aunque sea a través de unas cartas que han levantado ampollas.

El ministro Montoro acaba de presentar las cuentas sobre el déficit público de 2015 que tuvo una desviación del 0,96 % sobre el objetivo marcado, por culpa, fundamentalmente, de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas, mostrándose visiblemente enfadado con éstas últimas y anunciando que tomará las medidas legales a su alcance, aunque es una situación que no debería sorprenderle.