Según ha informado Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Larena Landeta ha manifestado su deseo de cesar en el cargo “por motivos estrictamentes personales”. Su salida se produce mes y medio después del  nombramiento de Emilio Saracho como máximo responsable de la entidad en sustitución de Ángel Ron.

La información de la renuncia de Larena se conocía en la misma jornada en que el banco informaba a la CNMV de “una corrección en cuatro aspectos puntuales de sus cuentas”.

En concreto, insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, “que afectarían a los resultados de 2016 (y por ello, al patrimonio neto) por un importe de 123 millones de euros”, señala la nota del Popular.

También una posible insuficiencia de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.

Asimismo, la posible obligación de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se  estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, “lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones”, indica el comunicado del banco a la CNMV.

Y finalmente, determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, “cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa  vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno  sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros”.

Según el auditor externo de la entidad bancaria, PricewaterhouseCoopers, “estas desviaciones en ningún caso representan un impacto significativo en las cuentas de 2016”. Insisten desde Banco Popular que el banco cumple con los requerimientos mínimos de capital regulatorio, y prevén que la ratio de capital total a 31 de marzo  se sitúe  entre el 11,70% y el 11,85%, siendo el requerimiento aplicable al Grupo Banco Popular del 11,375%.

Tras conocerse ambas noticias, las acciones de Banco Popular se desplomaban en bolsa, un 10,33% al cierre de la sesión.

Banco Popular tiene previsto celebrar Junta General Ordinaria el próximo 10 de abril para, entre otras cosas, decidir sobre la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2016.